Un informe técnico independiente presentado ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional da un giro a las investigaciones sobre la tragedia de la discoteca Jet Set. El documento, elaborado por un equipo de más de 25 científicos e ingenieros, afirma que el desplome del techo que cobró la vida de 236 personas en abril de 2025 fue el resultado de una degradación acumulada por décadas y defectos de construcción invisibles a simple vista, contradiciendo la tesis oficial de una sobrecarga reciente.
La evaluación, dirigida al juez Reymundo Mejía por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, desarma los argumentos presentados por los peritos del Gobierno y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
Los puntos clave que sostiene este nuevo peritaje incluyen:
Corrosión interna invisible: El colapso fue provocado por fracturas graduales en los alambres de postensado de las vigas debido a la corrosión y fisuración por hidrógeno. Al estar dentro de la estructura, era imposible detectarlo con inspecciones visuales ordinarias.
Sin sobrecarga reciente: Los expertos (entre ellos José Manuel Lockhart, Gabriel Carrera, Alfonso Ibarreta y Michael Murphy) sostienen que el peso sobre el techo no cambió significativamente en los tres años previos al desastre, por lo que una viga en buen estado debió resistir perfectamente.
Fallas de origen: Se detectaron conductos de postensado mal colocados desde la construcción original del edificio, lo que mantuvo la estructura debilitada durante décadas.
Cuestionan el modelo matemático del Gobierno
El informe de la defensa es especialmente crítico con la metodología de la Onesvie, asegurando que el modelo computacional usado por el Estado (software ETABS) contiene errores graves. Según los peritos de la defensa, el informe oficial tiene fallas geométricas que inflaron artificialmente las cargas hasta en un 20 %, omitió elementos de redistribución de peso y sobreestimó el impacto de los tinacos en el techo.
El tribunal, que escuchará el dictamen final el próximo 15 de junio para decidir si envía a juicio a los propietarios, cuenta ahora con dos versiones científicas diametralmente opuestas sobre las causas de una de las mayores tragedias estructurales del país.