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Santo Domingo.— El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) se encuentra en medio de un complejo escenario legal y económico tras una ola de sentencias judiciales que le ordenan pagar sumas millonarias a exfuncionarios destituidos tras el cambio de gobierno en el año 2020. Los litigios, que han escalado hasta las más altas cortes del país, cuestionan el debido proceso aplicado en el plan de profesionalización del cuerpo diplomático.
El caso más emblemático y de mayor impacto financiero es el de Manuel Moisés Crespo Pérez. El Tribunal Superior Administrativo (TSA), ratificado posteriormente por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, anuló su destitución al reconocerlo como funcionario de carrera diplomática.
Esta cadena de fallos desfavorables obliga al Mirex al pago de salarios caídos acumulados desde 2020, una cifra que ya supera los 18 millones de pesos y que continúa incrementándose mientras no se ejecute su reintegro oficial. Por su parte, la Cancillería argumenta en su defensa que Crespo no prestaba servicios efectivos desde 2018 debido a licencias médicas prolongadas y que no constan registros de su reincorporación formal previos a su desvinculación.
Las decisiones de las altas cortes reabren el debate sobre el impacto económico de las sustituciones masivas y la delgada línea entre la reforma institucional y la violación de derechos laborales adquiridos.
Rutas judiciales distintas: ¿Quiénes son de carrera?
Los tribunales no han fallado de manera unánime en favor de todos los reclamantes, utilizando como criterio estricto la pertenencia formal o no a la carrera diplomática conforme a la Ley 630-16 y la Ley 41-08 de Función Pública:
Juan Ramón Ávila Ceballos (Exembajador alterno ante la ONU): Obtuvo ganancia de causa en el TSA, pero el Mirex recurrió la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, solicitando suspender la ejecución de la sentencia.
Jorge Alberto de León Amparo (Exencargado de México y Centroamérica): El TSA rechazó su solicitud de reintegro al determinar que ocupaba un puesto de libre nombramiento y remoción, limitando la condena al Mirex solo al pago de los beneficios laborales pendientes.
Irma Milagros Castro: Corrió con igual suerte; el tribunal determinó que no pertenecía a la carrera diplomática, aunque sí ordenó reconocerle parte de sus derechos económicos acumulados.
El trasfondo de una reforma estructural
Históricamente, el servicio exterior dominicano arrastró debilidades estructurales, caracterizado por personas que percibían salarios sin ejercer funciones o que presentaban conflictos de elegibilidad por poseer residencia o nacionalidad del país receptor.
Aunque la Ley Orgánica 630-16 buscó sepultar estas prácticas creando un sistema formal de méritos, evaluación y permanencia, el régimen transitorio de la ley y los solapamientos con la Ley de Función Pública se han convertido en el epicentro jurídico de estos costosos litigios que hoy gravitan sobre las finanzas del Estado.
