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La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva política migratoria que obligaría a la mayoría de los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente, conocida como Green Card, a salir de Estados Unidos y completar el proceso desde sus países de origen.
La medida, dada a conocer por U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), representa uno de los cambios más drásticos en el sistema migratorio reciente y podría afectar a cientos de miles de personas que actualmente viven legalmente en territorio estadounidense bajo visas temporales.
De acuerdo con el memorando emitido por la agencia, los solicitantes solo podrán completar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos en “circunstancias extraordinarias”. En la mayoría de los casos, deberán regresar a sus países y realizar el trámite mediante el llamado “proceso consular”.
La nueva política impactaría directamente a estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses y otras personas que actualmente buscan regularizar su situación migratoria sin abandonar el país.
Expertos en inmigración advirtieron que la medida podría provocar largas separaciones familiares debido al tiempo que tardan las decisiones consulares. En muchos casos, el proceso para obtener la residencia permanente puede extenderse durante meses o incluso años, dejando a familias divididas mientras esperan la aprobación final.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, defendió la decisión asegurando que el objetivo es hacer cumplir el sistema migratorio “como la ley lo establece” y evitar que personas permanezcan ilegalmente en Estados Unidos después de recibir una negativa migratoria.
“El sistema debe funcionar según fue diseñado y no incentivar vacíos legales”, señaló Kahler en un comunicado oficial. También indicó que algunas excepciones podrían aplicarse a personas consideradas de interés nacional o que aporten beneficios económicos significativos al país.
Sin embargo, el anuncio generó inmediatamente preocupación y confusión entre abogados de inmigración, quienes aseguran que el gobierno todavía no ha explicado claramente qué grupos podrán recibir excepciones. Muchos especialistas anticipan además una ola de demandas judiciales contra la nueva política migratoria.
Diversas organizaciones proinmigrantes consideran que la medida endurece significativamente el acceso a la residencia permanente y podría aumentar la incertidumbre entre miles de familias inmigrantes que ya viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.
El cambio también ocurre en medio de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración Trump, que ha intensificado restricciones sobre visas, procesos de asilo y controles fronterizos como parte de su política de inmigración.
Mientras tanto, miles de inmigrantes y abogados continúan analizando el alcance real de esta nueva política y esperando mayores detalles sobre quiénes podrían calificar para permanecer en Estados Unidos durante el proceso de solicitud de residencia permanente.
