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El Congreso Nacional se encuentra ante un escenario atípico que especialistas califican como un «limbo constitucional». La ley diseñada para saldar las deudas del Estado con contratistas desde 1996 sigue técnicamente vigente en el organigrama legislativo, a pesar de haber sido observada por el presidente Luis Abinader y sustituida por una nueva pieza ya aprobada.
El nudo crítico: Artículos 102 y 103
El conflicto no es solo político, sino de procedimiento constitucional. Según el artículo 102 de la Carta Magna, cuando el Poder Ejecutivo observa una ley, esta debe regresar a su cámara de origen para ser conocida en única lectura. Sin embargo, el artículo 103 establece una «trampa» de tiempo: si el proyecto observado no se tramita en un plazo de dos legislaturas ordinarias, las observaciones se consideran aceptadas y la ley queda aprobada automáticamente con los cambios sugeridos.
¿El problema? La Cámara de Diputados, en lugar de cerrar el ciclo de la ley original, decidió introducir y aprobar una nueva iniciativa (impulsada por Alfredo Pacheco) con ligeros cambios técnicos, dejando la pieza inicial en un estado de suspensión que podría generar duplicidad legislativa.
Las razones de la observación presidencial
La ley original, aprobada el pasado 12 de enero, ordenaba el pago a 571 contratistas identificados por obras realizadas hace tres décadas. No obstante, el presidente Abinader devolvió el documento bajo dos argumentos principales:
Falta de precisión presupuestaria: El texto no establecía el monto exacto que el Estado desembolsaría.
Identificación ambigua: La pieza no individualizaba formalmente a todas las empresas y beneficiarios, lo que suponía un riesgo para la transparencia del erario.
Riesgo de aprobación automática
Mientras la nueva ley avanza, la «vieja» sigue en una comisión especial. Si los diputados no le dan salida formal antes de que venzan las dos legislaturas, el país podría encontrarse con dos leyes vigentes que regulan el mismo objeto, creando un caos administrativo en el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General.
Expertos advierten que el Congreso debe retirar formalmente la iniciativa observada para evitar que la vigencia automática complique aún más el pago de la deuda administrativa acumulada desde 1996.
