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La oposición califica de «inconstitucional» la propuesta de austeridad del Gobierno, mientras el oficialismo pide un «sacrificio compartido» ante la crisis económica global.
Santo Domingo – La propuesta del Poder Ejecutivo de reducir a la mitad los fondos destinados a los partidos políticos para el año 2026 ha abierto una brecha legal y política en la República Dominicana. Mientras el Gobierno justifica la medida como una necesidad ante la crisis económica derivada de los conflictos en Oriente Medio, el liderazgo opositor advierte que la iniciativa vulnera principios constitucionales y leyes orgánicas.
Para este año, las organizaciones políticas tienen asignados RD$1,620 millones según el Presupuesto General del Estado. De este monto, el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD concentran el 80 % de los recursos.
El blindaje legal de la oposición
El debate ha escalado a los marcos jurídicos. El aspirante presidencial por el PLD, Charlie Mariotti, calificó la intención del Gobierno como un intento de «asfixiar financieramente a la oposición» de cara al proceso preelectoral. Mariotti fundamenta su rechazo en dos pilares:
Ley 423-06 (Presupuesto Público): El Ejecutivo no puede modificar partidas aprobadas por el Congreso de forma unilateral.
Artículo 212 de la Constitución: Establece la autonomía financiera de la Junta Central Electoral (JCE), órgano encargado de distribuir dichos fondos.
Por su parte, Roberto Rosario, de la Fuerza del Pueblo, señaló que el financiamiento público no es un simple gasto, sino una garantía de «equidad en la competencia electoral», advirtiendo que recortarlo debilita la democracia.
La postura del oficialismo: «Cuota de sacrificio»
Desde la acera del Gobierno, el ministro y delegado del PRM, Sigmund Freund, defendió la propuesta instando a la clase política a dar el ejemplo. Según Freund, si se le pide sacrificio a otros sectores de la sociedad, los partidos deben ser los primeros en sumarse al plan de austeridad.
Incluso figuras de partidos aliados, como Federico Antún Batlle (PRSC), aunque apoyan la reducción por el contexto de crisis, insisten en que cualquier cambio debe tramitarse mediante una modificación formal a la Ley de Partidos Políticos (33-18) para evitar vicios de ilegalidad.
Distribución actual de los fondos (Ley 20-23):
80 %: Para partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos (PRM, FP, PLD).
12 %: Para partidos con votación entre 1 % y 5 %.
8 %: Para las organizaciones minoritarias.
El conflicto ahora se traslada al Congreso Nacional, donde se determinará si la «tijera» del Ejecutivo logra pasar el filtro de la legalidad en un año clave para la dinámica política nacional.
