Santo Domingo.-El Senado dominicano aprobó en dos lecturas consecutivas una reforma que debilita el régimen de consecuencias para los gobiernos locales. Bajo el argumento de una «urgencia» legislativa, se aprobó la eliminación de la cárcel y la inhabilitación para aquellos alcaldes y regidores que violen las pautas de gasto establecidas por ley.
Hasta ahora, el marco legal obligaba a los funcionarios a cumplir estrictamente con los porcentajes destinados a servicios e inversión, bajo riesgo de prisión. Sin embargo, tras esta modificación, la ley pierde sus «dientes» más severos, dejando en el aire cómo se garantizará el uso correcto de los recursos del pueblo en las alcaldías del país.