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La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer funciones públicas contra el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, debido a anomalías en la gestión del contrato para la expedición de pasaportes.
En una resolución de segunda instancia, el Ministerio Público sostuvo que Leyva “incumplió los principios de la contratación estatal al declarar fallido el proceso de licitación para la producción y entrega de pasaportes”.
A finales de 2023, Leyva suspendió el contrato que la empresa Thomas Greg & Sons mantenía desde hace 17 años, alegando que en la última convocatoria no existió libre competencia. Esta medida derivó en una demanda de la compañía contra el Estado, ya que al contrato aún le restaban tres años de vigencia.
La Procuraduría enfatizó en un comunicado que la decisión tomada por Leyva “careció de sustento jurídico y no buscó garantizar la selección objetiva a la que estaba obligado”. Asimismo, recalcó que el entonces canciller no tenía atribuciones para declarar desierta la licitación, ya que en el proceso participó un único oferente, un consorcio encabezado por Thomas Greg & Sons, que cumplía con todos los requisitos establecidos.
En medio del debate sobre la nueva adjudicación, los sucesores de Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, tampoco han conseguido dar una solución definitiva, el Gobierno determinó que la Imprenta Nacional, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, asuma la elaboración de los pasaportes, decisión que ha generado críticas debido a la presunta falta de capacidad técnica de la Imprenta.
Mientras continúan las indagaciones, la producción de pasaportes seguirá en manos de Thomas Greg & Sons hasta el 30 de abril de 2026, fecha en la que el Gobierno espera que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda portuguesa puedan asumir la responsabilidad.
Fuente: Agencia EFE
