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Agencia: EFE-
Tras las críticas recibidas por colaborar con autoridades federales en la entrega de datos sobre inmigrantes, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, defendió su decisión argumentando que las leyes de inmigración deben cumplirse con la misma rigurosidad que cualquier otra legislación federal vigente en la isla.
“No podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no. Las leyes de inmigración federales son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de Seguro Social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles”, expresó González durante una conferencia de prensa.
Sin embargo, la postura ha generado una ola de críticas por parte de activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes acusan al gobierno local de actuar como brazo ejecutor de políticas que consideran injustas y deshumanizantes hacia las comunidades inmigrantes.
“Es decepcionante ver cómo las autoridades locales entregan información que puede poner en riesgo a personas que solo buscan una vida mejor. La gobernadora no puede hablar de derechos civiles mientras colabora con políticas que los violan”, señaló Ana María Rosario, directora de la organización Puentes para la Justicia Migrante.
El debate ha reavivado tensiones sobre la relación entre Puerto Rico y el gobierno federal, así como sobre el papel de las autoridades locales en la implementación de medidas migratorias que impactan directamente a comunidades caribeñas y latinoamericanas.
