Más de 150 personas fueron acusadas por crímenes federales tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de parte de seguidores del expresidente Donald Trump, dijo el departamento de Justicia de Estados Unidos el martes.
Los investigadores abrieron pesquisas a más de 400 personas, dijo Michael Sherwin, fiscal federal interino de Washington. El asalto dejó cinco muertos.
Asistido por copioso material de video y registros en las redes sociales, al igual que gran cantidad de denuncias del público, el departamento de Justicia espera que el número de casos siga en aumento.
Aunque los cargos iniciales fueron por crímenes menores como el ingreso ilegal al Capitolio o conducta desordenada, el fiscal interino explicó que su equipo agregó ahora cargos “significativos” de delitos graves para la mayoría de los 150 acusados.
Estos incluyen ataque a agentes de policía y obstaculización de un procedimiento federal, ya que los asaltantes interrumpieron la sesión de ambas cámaras del Congreso en la que se iba a certificar el triunfo electoral del ahora presidente Joe Biden.
Dichos cargos pueden acarrear una condena de entre cinco a 20 años de prisión.
Y las autoridades federales también investigan a un grupo de personas por una posible conspiración y sedición, que puede resultar hasta en 20 años de cárcel.
Tres personas ya fueron acusadas bajo esos cargos, dijo Sherwin.
Este aspecto es significativo agregó, “porque demuestra que grupos de milicianos estuvieron involucrados en el planeamiento y posterior ingreso a la fuerza al Capitolio”.
Steven D’Antuono, el agente del FBI a cargo de la investigación, dijo que todavía buscan a la persona o personas que colocaron dos artefactos explosivos -que no estallaron- cerca del Capitolio ese día.
El FBI ofrece una recompensa de 75.000 dólares por cualquier información.
D’Antuono dijo que el asalto del 6 de enero es uno de los casos más grandes que ha investigado el FBI, y que han recibido más de 200.000 pistas por parte del público.
“Este caso es desafiante, complejo, y es grande”, agregó.
Trump por su parte enfrentará desde el 9 de febrero un juicio político en el Senado, acusado por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección por presuntamente impulsar a sus seguidores a atacar la sede legislativa.