Por Erasmo Chalas Tejeda
NEW YORK.- Hace un par de semanas tuve el honor de reencontrarme y compartir en esta metrópoli con un amigo primario, compañero de diversas luchas por el bienestar de nuestro país, la República Dominicana.
Me refiero al ex dirigente estudiantil, campesino y propiamente político de izquierda, Héctor Valdez Soto, cariñosamente (Negrito Soto). Fue un momento breve de conversación debido a la escasez de tiempo que esta ciudad impone, sin embargo, ese diálogo fue muy provechoso porque nos centramos en dos situaciones que afectan a nuestro querido Baní.
El colega abogado me habló de la urgente necesidad de volver a reforestar las orillas y cercanías del Río Baní y afluentes que nacen en las faldas de las montañas banilejas.
Igual citó el problema que significa para la salubridad y la misma foresta del caño de agua negra que sale de la cárcel pública Máximo Gómez y desemboca en el mismo lecho sobre el Río Baní.
Como es sabido por todo Baní, el otrora hombre inquieto en las luchas pueblerinas, ahora dirige la Fundación Ecológica Acción Verde Dominicana, para preservar su pueblo natal y también a otras provincias vecinas como San Cristóbal y específicamente el municipio de Yaguate donde ha establecido residencia en los últimos años.
Después que abordamos el tema del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia Peravia nos adentramos analizar las condiciones sanitarias, estructurales y hasta de ubicación de la fortaleza Máximo Gómez en cuyo patio está la cárcel pública de Baní que tiene capacidad para unos 800 reclusos y en la actualidad tiene 1500 presos.
Negrito plantea la destrucción de esa edificación, la cual debe tener 80 o más años de existencia. Argumenta el jurista y ambientalista que el Gobierno debe trazarse como meta adquirir terrenos detrás del Cementerio del kilómetro 2 y sacar la fortaleza y la cárcel de la ciudad de Baní.
Me pidió escribiera éste artículo y que en el mismo le solicitemos a los diputados Julito Fulcar, Luis Báez, Mercedes Rodríguez, al Senador Milcíades Franjul, al Obispo de la Diócesis de Baní, Víctor Masalles y la gobernadora Yadira Báez, aunar esfuerzos y gestionar con el Gobierno del presidente Luis Abinader Corona la compra de esos terrenos a la Compañía Anónima Industriales (Caei) del grupo Vicini para la construcción de una nueva fortaleza y cárcel pública para Baní.
