New York.-La República Dominicana experimentó pocos cambios en cuanto a prácticas de derechos humanos, según la comparación entre los informes de 2019 y 2020 del Departamento de Estados de Estados Unidos sobre este tema.
En ambos se destaca como temas significativos vinculados a los derechos humanos los asesinatos arbitrarios ejecutados por las fuerzas de seguridad del Gobierno, tortura por parte de la Policía y otros agentes gubernamentales.
También, las pésimas condiciones en las cárceles, detenciones arbitrarias, problemas con la independencia del Poder Judicial, corrupción gubernamental, violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
En los reportes se resalta que las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de agentes de la Policía Nacional siguen siendo un problema; así como las pocas denuncias que fueron presentadas ante la justicia.
De igual forma, los abuso físicos y mentales por parte de agentes de la institución del orden para obtener confesiones de sospechosos detenidos. Así como abusos a trabajadores sexuales, aunque el año pasado se habló de violaciones a las prohibiciones establecidas por la pandemia.
Se hace un especial énfasis en ambos documentos a la sobrepoblación de las cárceles dominicanas, sobre todo a las que pertenecen al viejo modelo penitenciario. Indica que esto amenaza la vida y la salud de las privados de libertad.
En 2019 y 2020 se reportan problemas de corrupción en el Poder Judicial de la República Dominicana. “La influencia indebida en las decisiones judiciales fue generalizada”, se lee en ambos informes.
“La falta de voluntad política” sigue siendo el mayor obstáculo que enfrentan las investigaciones sobre corrupción, especialmente contra individuos influyentes o políticos de alto nivel, según reportan las organizaciones no gubernamentales.
Una variación fue que se promulgó en el país una ley que prohíbe el matrimonio de personas menores de 18 años, reseña el informe de 2020.
En ambos informes se observan que persisten problemas como la explotación sexual de niños, especialmente en lugares turísticos, a pesar de que el Gobierno lleve a cabo programas para combatirla.
Así como la discriminación con respecto al empleo y la ocupación, las condiciones de trabajo aceptables, el trabajo infantil, trabajo forzoso, especialmente en los trabajadores haitianos por su estatus migratorio.
Violaciones laborales relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva, ejecuciones contra presuntos delincuentes en represalias, estigma social del VIH y el sida, discriminación a miembros del colectivo LGBTI, no aplicación de manera consistente de la ley sobre discapacidad, entre otros temas.
